El juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha imputado a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que serán interrogados el lunes por su rol en la disaster de las residencias en 2020, según ha informado la asociación de familiares Verdad y Justicia. Carlos Mur y Javier Peromingo fueron actores clave en la elaboración de unos protocolos que descartaban la hospitalización de personas mayores enfermas. Es la primera vez tras cinco años de investigación judicial que resulta imputado algún alto cargo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a la que las familias también acusan por lo sucedido.
Mur period en marzo de 2020 el director de coordinación sociosanitaria, el cargo de la Consejería de Sanidad responsable de la asistencia a las 474 residencias de mayores activas en la región. Javier Peromingo period el jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, en Móstoles, y fue el médico que se coordinó con Mur para elaborar los protocolos para esos centros. En mayo, cuando Mur fue destituido, ocupó su puesto.
Hasta ahora, ambos altos cargos habían declarado como testigos en distintos juzgados, pero ningún juez había dado este paso. La investigación se fragmentó en 2020 en multitud de órganos judiciales, en función del lugar donde se encontraban las residencias de los fallecidos.
La imputación de ambos se ha producido en el marco de una nueva denuncia de las familias, que fue presentada por la Fiscalía el mes pasado, a punto de que se cumpliera el plazo de prescripción de cinco de años. En esta nueva acción judicial, las familias han pedido a los jueces que investiguen un nuevo delito, el de denegación de un servicio público, la asistencia sanitaria. Desde 2020, se habían querellado por una serie de delitos que no habían prosperado: homicidio, omisión de socorro o prevaricación.
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